¿Competencia o competencia desleal? Una reflexión necesaria en el sector MICE

Firma invitada: Chema Gómez, CEO de Grupo Evento

Nos referimos a fundaciones universitarias, empresas con participación pública mayoritaria o gestores de espacios institucionales (como palacios de congresos) que, con financiación pública, ofrecen servicios especializados que compiten directamente con los de las empresas privadas. ¿Es esto justo?

Estas entidades no operan con las mismas reglas. No arriesgan capital privado, no están sometidas a la misma presión fiscal ni laboral, y se benefician de estructuras, personal e infraestructuras que ya están financiadas con dinero público. A menudo, además, pueden ofertar precios por debajo del coste real de mercado gracias a esas condiciones ventajosas. ¿Cuál es el resultado? Un mercado desequilibrado, con consecuencias graves para quienes trabajamos desde la iniciativa privada: caída de precios, precarización del sector y pérdida de valor añadido.

¿Cómo estamos llegando hasta aquí?

Cada vez son más frecuentes situaciones que, sin ser ilegales, rozan lo inaceptable desde el punto de vista ético y competitivo. Por ejemplo:

“Si quieres que te paguemos esta subvención, tiene que ser a través de esta entidad concreta.”
En algunas comunidades autónomas, las ayudas públicas para organizar congresos solo se pueden canalizar a través de una empresa “pública” vinculada a la administración. Es decir, para que una asociación reciba la subvención, está obligada a contratar a esa entidad como OPC. Paradójicamente, esa empresa no tiene formación ni experiencia real como organizadora profesional: simplemente intermedia, aplica un porcentaje sobre el total gestionado y externaliza todo. Es curioso cómo lo que se considera “comisionar” y mal visto cuando lo hace una empresa privada, se convierte en una práctica aceptada —e incluso incentivada— cuando es una estructura pública la que lo aplica.

“Si haces todo con nosotros —espacio, logística, diseño, comunicación— te damos un precio cerrado muy especial.”
Existen espacios públicos que ofrecen precios muy por debajo de las tarifas oficiales publicadas… pero solo si contratas todos los servicios con ellos. Como empresa privada, no podemos igualar esos precios porque nuestros ingresos provienen de ofrecer precisamente esos servicios. Es decir: te ofrecen un descuento en un alquiler público si renuncias a trabajar con profesionales del sector. ¿Es esto legal? Puede. ¿Es justo? Desde luego que no. El acceso a precios públicos debería estar basado en criterios transparentes e iguales para todos, no condicionado a quitar del medio a los operadores independientes.

“No te compliques buscando fuera. Nosotros te lo hacemos todo.”
No es extraño que empresas públicas insistan en no contratar a proveedores privados, desprestigiando abiertamente los servicios profesionales con afirmaciones como: “Esto no hace falta, lo hacemos nosotros”. Lo preocupante es que lo hacen con personal sin formación específica, sin experiencia en el sector y con resultados que muchas veces rebajan la calidad del evento de forma evidente. El objetivo no es la excelencia del servicio, sino excluir a los profesionales para quedarse con el control y el beneficio. ¿Nos imaginamos esto en sectores como la salud o la ingeniería?

“Si trabajas directamente con nosotros, te ofrecemos un descuento importante en el precio del alquiler del espacio que no obtendrás si lo haces a través de una empresa MICE.”
Un incentivo perverso para empujar a organizadores a prescindir de las empresas especializadas. El acceso a tarifas públicas no puede depender de con quién trabajes. Esta práctica es cada vez más común y rompe la neutralidad que debería regir en la gestión de instalaciones financiadas con dinero de todos.

“Estas cosas las hace cualquiera…”
Una frase que escuchamos más de lo que nos gustaría. Detrás de esa afirmación se esconde el desprecio al valor que aportamos las empresas MICE: experiencia, solvencia técnica, equipo profesional, formación continua, capacidad de respuesta y especialización. No, no lo hace cualquiera. Lo hace quien se dedica a esto con rigor.

Lo preocupante es que este tipo de prácticas ya no son la excepción: estamos viéndolas cada vez más de forma generalizada, en distintos territorios y con distintos actores. Y si no se pone freno, terminarán por vaciar de sentido la libre competencia, la calidad del servicio y la profesionalización del sector.

¿Nos suena esta historia?

Comentando con distintos agentes del sector, surge un paralelismo evidente: los concursos públicos basados únicamente en el criterio económico. Llevamos años viendo cómo esta práctica, que prioriza el precio más bajo por encima de la experiencia, la innovación o la solvencia técnica, ha provocado un deterioro evidente en los servicios adjudicados. En muchos casos, la “diferenciación” del proyecto ni siquiera se valora, o se hace con un peso testimonial, como si fuera un trámite. Lo barato, una vez más, sale caro. ¿Queremos seguir por ese camino?

Este tema, por sí solo, daría para otro artículo. Pero sin querer desviar el foco de lo que estamos tratando aquí, no deberíamos dejarlo al margen: una cosa alimenta a la otra. Si desde lo público se licita sin valorar la calidad, sin apostar por la profesionalización, sin premiar la innovación ni el compromiso real con el evento, se está debilitando todo el ecosistema. Los concursos sin criterios de calidad, centrados únicamente en el coste, no ayudan a mejorar el servicio, ni el producto, ni mucho menos el destino. Son un atajo que conduce, a medio plazo, a un empobrecimiento de la experiencia y a una pérdida de competitividad. Y esto también debemos señalarlo con claridad

El modelo funciona cuando se colabora con visión profesional

Hay espacios —palacios de congresos, recintos feriales, centros de convenciones— que han apostado por aliarse con profesionales del sector, integrando sus servicios en la oferta global al cliente. Lo hacen de forma abierta y transparente, a través de concursos en los que las empresas privadas ofertamos nuestros servicios para ser incluidos como prestadores acreditados: OPC, agencias especializadas, proveedores técnicos, intérpretes, empresas de comunicación, etc.

También existen modelos donde se contratan servicios específicos para incorporarlos a la cartera comercial del recinto, permitiendo a los clientes contar con una oferta profesional y competitiva. Este es el camino que suma: generar sinergias, buscar la especialización y diferenciarse a través de la excelencia, no de la exclusión.

Incluso hay casos de éxito en los que se han impulsado joint ventures entre operadores privados y espacios públicos para crear nuevos productos, captar eventos internacionales o diseñar experiencias más completas. Este tipo de alianzas no solo potencian la oferta, sino que permiten evitar muchas de las limitaciones estructurales que arrastran las empresas públicas: dificultades para contratar talento, imposibilidad de pagar precios de mercado, procesos administrativos lentos y restrictivos.